A continuación les presento un documento que se hizo público hace unos cuantos días sobre la situación económica venezolana. Está firmado por un grupo importante de economistas de distintos ámbitos (académicos, políticos, técnicos), en este se expresa de una forma bastante clara y hasta a veces cruda el escenario económico nacional y el deterioro que ha mostrado el aparato productivo del país en estos últimos 10 años.
Espero que lo disfruten, mejor dicho, que les sea de provecho (ya que es un tanto dificil disfrutar con este escenario)
Como siempre son bienvenida las críticas
El camino actual conduce al fracaso económico, la pobreza y la pérdida de libertades
Venezuela se encuentra inmersa en una crisis profunda, económica, social y política, que en 2009 se manifestó a través de la concurrencia de un cuadro de recesión económica, con una caída de 2,9 por ciento del producto que tiende a profundizarse en 2010; alta y persistente inflación; disminución sostenida de la producción petrolera y mayor dependencia de los precios del petróleo; creciente desempleo y subempleo; pérdida de poder adquisitivo de los salarios; colapso de las empresas básicas de Guayana; cierre de más de 40 por ciento de las empresas manufactureras privadas que existían en 1998, y pérdida de espacios de libertad asociados al desmembramiento de las instituciones democráticas fundamentales.
A esta situación económica se agrega el rápido deterioro del sistema eléctrico nacional, la falta de producción de gas para los sectores público y privado, decadencia de la salud social a pesar de haber sido prioridad de inversión y gasto público, inseguridad desbordada asociada a crimen organizado y narcotráfico, y una larga serie de arbitrariedades políticas y económicas como consecuencia de la carencia de independencia de los poderes públicos para servir a la sociedad. También están presentes los escándalos de corrupción y fraude puestos de manifiesto con la quiebra e intervención de un grupo de bancos y otras instituciones financieras vinculados a altos funcionarios del régimen. Finalmente, las más recientes medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas, la devaluación del bolívar decretada el viernes 8 de enero de 2010 y nuevas reducciones de reservas internacionales por US$ 7.000 millones que agravan aún más la ya evidente debilidad del bolívar. En suma, estos problemas, entre otros, muestran un camino de graves errores de concepción, administración y políticas por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez que conducen a la nación al fracaso.
La crisis y el deterioro socioeconómico del país
La crisis actual de Venezuela tiene su origen en el rumbo trazado por el Presidente, el intento de imponer sin base constitucional un sistema socialista similar al socialismo real o marxista-leninista del siglo pasado, basado en un esquema rentista exacerbado, aumentando la dependencia del petróleo, al tiempo que se ha ejecutado una política sistemática de reducción, expropiación o destrucción del aparato productivo privado. En la raíz de la crisis se conjugan dos elementos interrelacionados. Un ciclo particularmente intenso de auge de precios del petróleo (2003-2008) con posterior caída seguida de una recuperación significativa; y un cambio institucional regresivo, claramente antidemocrático, orientado a la imposición gradual un nuevo régimen de propiedad pública sobre los medios de producción hegemonizado por el Estado y los altos funcionarios del Ejecutivo Nacional.
Durante el gran auge, los precios del petróleo tuvieron un alza espectacular hasta alcanzar su máximo nivel en 2008. En ese año, el valor de las exportaciones petroleras venezolanas fue siete veces mayor que las exportaciones de 1998, al aumentar de US$12.178 millones en 1998 a US$ 89.128 millones en 2008, según cifras oficiales. El incremento de los ingresos externos permitió estimular el crecimiento económico durante 2003-2008, a través de una política fiscal fuertemente expansiva y el financiamiento monetario del gasto parafiscal. La combinación de impulsos exagerados de demanda con restricciones de la producción interna, originadas en un sinnúmero de controles y regulaciones a las empresas privadas, en el marco de una grave afectación a los derechos de propiedad, han limitado el crecimiento del producto potencial, generando la inflación más alta de América Latina y de las economías emergentes del mundo. La consecuencia fue un crecimiento económico de baja calidad, sin diversificación productiva.
Para contener las presiones inflacionarias, el gobierno implementó desde el año 2003, repitiendo errores del pasado, un distorsionante control de cambio, de precio de bienes y servicios, y un tipo de cambio fijo y único como ancla nominal para intentar controlar la inflación, con los vicios y errores ya conocidos de experiencias previas. No obstante ello la inflación se elevó provocando una intensa sobrevaluación del bolívar respecto al dólar, lo que estimuló una expansión desmedida de las importaciones y una pérdida de competitividad del sector productivo exportador; esta situación ha debilitado sensiblemente la capacidad productiva interna y restringido la creación de empleos productivos y a partir de 2008 ya se observa una disminución de las remuneraciones reales.
Al respecto hay que añadir que las exportaciones no petroleras disminuyeron sensiblemente en 2009 a US$ 3.326 millones, una cifra cercana a la mitad del monto alcanzado en 2006. La fuga de capitales ha continuado a través de la compra en bolívares de bonos gubernamentales denominados en dólares y es notable la baja inversión privada para aumentar la producción nacional. La alta inflación desde 2008, por su parte, comenzó a incidir significativamente en el deterioro del poder adquisitivo del salario real.
A pesar del elevado gasto público de los últimos años, la inversión real en áreas importantes para el desarrollo de largo plazo, como construcción y mantenimiento de infraestructura pública, ha sido muy baja, lo cual se comprueba en la falta de nuevos acueductos para el suministro agua a las grandes ciudades, las deplorables condiciones de la red vial nacional y la grave crisis eléctrica actual, por falta de inversión oportuna. PDVSA se ha transformado en un apéndice político del Gobierno Central. Su nómina de trabajadores se ha duplicado con creces en cinco años y, al mismo tiempo ha sufrido un franco deterioro importante en la calidad de su capital humano. La empresa petrolera estatal ha adquirido atribuciones ajenas y variadas, con actividades que se han extendido hasta sectores tan disímiles como la agricultura y la comercialización de alimentos. Su pérdida de eficacia y productividad ha sido considerable, con menor transparencia, signos de amplia corrupción, creciente endeudamiento y problemas de caja recurrentes que inciden en mora prolongada en cuentas por pagar y paralización de servicios de mantenimiento.
Venezuela, a pesar de contar con reservas de hidrocarburos muy elevadas, ha entrado en una fase declinante como productor de petróleo. El sector de empresas básicas de Guayana, al cual se incorporó Sidor con su estatización en 2008, se encuentra muy cercano al colapso, con repercusiones en todo el entramado económico nacional. El caso de Sidor es emblemático. Una empresa que generaba ganancias, grandes volúmenes de exportación de productos de acero, con un alto nivel de empleo, un año y medio después de la estatización arroja pérdidas, retrasos en programas de mantenimiento, parcialmente paralizada, con el futuro de sus trabajadores comprometido y abriendo el mercado nacional para la importación de rubros básicos de acero, por la insuficiencia de la producción nacional.
Sustitución del Estado democrático por un Estado autoritario
El otro componente central de la crisis está representado por la pretensión de imponer un modelo político-institucional que eleva la intervención del gobierno en todas las esferas de la sociedad, una versión que a pesar de la presunta novedad, promete a aproximarse al socialismo marxista-leninista que imperó en la extinta Unión Soviética y que aún perdura en fase crítica en Cuba. Particularmente, en el culto al jefe supremo, como única referencia del proceso político, con la consecuente pérdida de contrabalance democrático entre los poderes públicos.
Con la finalidad de concentrar mayor poder económico y político en el Estado, el gobierno ha procedido a realizar numerosas expropiaciones y confiscaciones de empresas del sector agrícola, agroindustrial, industriales y construcción, y últimamente en el sector comercial. La expansión del Estado y de sus atribuciones ha sido muy pronunciada. Se han afectado los derechos de propiedad, reducido la acción de las organizaciones económicas privadas y deteriorado el funcionamiento de los mercados, conformándose un arreglo institucional que propicia una elevada ineficiencia en el uso de los factores productivos. Hoy se erige un Estado hipertrofiado, abarrotado de ministerios y empresas públicas de toda índole, sin controles de gestión, que absorben recursos fiscales en forma creciente, manejados sin transparencia ni rendición de cuenta, lo que ha sido y es fuente de generalizado clientelismo y corrupción.
En el ámbito político han desaparecido rasgos centrales que caracterizan la moderna democracia participativa como la separación de poderes y han surgido crecientes obstáculos contra la garantía constitucional de pluralidad. Se ha debilitado deliberadamente el proceso de descentralización que tanto favoreció la calidad del gobierno regional y se han concentrado las atribuciones del Estado en el gobierno central, contrariando el espíritu y la letra de la Constitución vigente. Si se juzga por la evidencia de los últimos años, el “socialismo del siglo XXI” es una ruta al estatismo autoritario, con una conducción errática e improvisada, y un manifiesto componente de corrupción. De consolidarse este rumbo económico y político, se afectaría en forma profundamente negativa el futuro de la sociedad venezolana, además de desconocer abiertamente la Constitución Nacional.
Las medidas económicas de 2010
En el inicio de 2010, la respuesta del gobierno ante la contracción económica y las presiones inflacionarias simultaneas de la economía, ha consistido en algunas medidas económicas puntuales de carácter fiscalista, destacando la devaluación del tipo de cambio nominal a 4,30 Bs./US$, el establecimiento de un régimen cambiario múltiple con una tasa de cambio preferencial adicional de 2,60 Bs./US$, con amplios espacios de ambigüedad e indefinición, propicios para la discrecionalidad y corrupción. Igualmente se anunció el traspaso de US$ 7.000 millones de las reservas internacionales del BCV al Fonden, para ser utilizados como recursos parafiscales a discreción por la Presidencia de la República, tanto en gasto interno de diversa naturaleza, como en la ayuda financiera con gobiernos extranjeros afines y en la compra de costosos sistemas de armamento.
Varios elementos explican el viraje brusco de la política cambiaria. El tipo de cambio nominal de Bs. 2,15 por dólar fue imposible de sostener por la reducción de los ingresos petroleros, debido a la abrupta declinación de las exportaciones, por caída de los precios. Como es sabido, una devaluación importante del tipo de cambio nominal puede proporcionar un aumento significativo de ingresos fiscales, que ahora son dispuestos por el Ejecutivo con exclusivo arbitrio. Las elecciones parlamentarias de este año permiten suponer que tales ingresos serán utilizados considerablemente en gasto electoral y respaldo de las aspiraciones políticas de la elite en el poder.
Como numerosos analistas y agentes económicos lo han advertido, la política aplicada a partir de 2005, con fuerte expansión fiscal y monetaria e intento de controlar la inflación a través del tipo de cambio nominal fijo, condujo a la apreciación real del tipo de cambio. La inflación interna fue elevada a pesar del acelerado incremento de las importaciones y de los controles de precios. Con una inflación externa muy baja y un tipo de cambio nominal fijo de Bs 2,15 por dólar, el tipo de cambio real se apreció en forma significativa, haciendo que los productos importados resultaran más baratos que los domésticos.
El gobierno ha manifestado que la devaluación del tipo de cambio nominal está orientada a la búsqueda de competitividad en los mercados externos de los bienes producidos en el país, así como a la industrialización sustitutiva de importaciones. Este argumento carece de sustentación veraz, pues la devaluación del tipo de cambio nominal por sí misma no mejora la competitividad de los sectores productores de bienes transables no petroleros. El efecto positivo de la devaluación depende del conjunto de políticas gubernamentales que se instrumenten y de la evolución que tenga el tipo de cambio real en el tiempo, pero no de una devaluación puntual en un ambiente de alta inflación interna.
Estas medidas de índole fiscal sin búsqueda de estabilidad macroeconómica, acompañadas de las nuevas expropiaciones arbitrarias por orden presidencial, el retraso sistemático de Cadivi en entregar divisas a tipo de cambio oficial, el racionamiento del suministro eléctrico, son incompatibles con la idea de mejorar la competitividad de los bienes transables no petroleros, cuando además persisten las fuertes presiones inflacionarias. Con la devaluación de la moneda se causa un efecto inicial restrictivo desde el lado de la oferta, sometida por el efecto adverso de diversos controles. Si esto, como es previsible, se combina con una política fiscal y monetaria altamente expansiva y una elevación generalizada de los costos externos por la devaluación, el resultado final será una mayor escalada inflacionaria y el reinicio de un nuevo proceso de apreciación real de la moneda, sin lograr sustituir importaciones ni estimular exportaciones, planteándose la necesidad de una nueva devaluación, según la tendencia en menos de 24 meses, aunque la decisión política se postergue. En abstracción de la crisis eléctrica, el resultado probable de la devaluación del bolívar hubiese sido la prórroga de la estanflación. Al considerar la restricción eléctrica y la mayor incertidumbre jurídica puede esperarse una más profunda recesión en 2010, mientras el resto de América Latina se recupera rápidamente de la crisis iniciada 2008.
Se observa con alarma la posibilidad de que el gobierno nacional, agobiado ante la realidad de un deterioro económico prolongado bajo sus políticas, en vez de rectificar, pueda proceder a modificar el sistema de cuentas nacionales del país, el cual ha seguido las pautas de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales desde hace 60 años para garantizar la armonía, comparaciones con otras naciones y adecuada medición de todas las actividades económicas y gasto gubernamental (incluyendo la incidencia del 5 gasto social). Es de advertir que ya el gobierno ha propiciado la revisión de mediciones de producto interno bruto (PIB) al alza, a través de modificaciones en las estadísticas sobre el sector petrolero y gubernamental, provistas por sus ministerios al Banco Central de Venezuela; esto afecta negativamente la credibilidad en el sistema estadístico nacional, que debe estar distante de las conveniencias del gobernante de turno.
Es necesario cambiar de rumbo
La crisis que afecta a Venezuela no es transitoria, ni coyuntural, ni superable sólo con el alza de los precios del petróleo. La capacidad productiva del país, petrolera y no petrolera, pública y privada, está seriamente deteriorada y el Estado severamente desautorizado por la ineficiencia y la corrupción en un contexto de problemas sociales que se tornan cada vez más críticos. El país requiere iniciar ya una amplia rectificación para la reconstrucción socioeconómica, lo cual demanda el establecimiento de un nuevo rumbo. No obstante, hay pocas señales que indiquen que el gobierno nacional esté dispuesto a asumir la responsabilidad de los errores cometidos y transitar un camino alejado del socialismo rentista que se intenta imponer. Se trata de una gran responsabilidad política y moral ante la evidencia que millones de habitantes padecen por los errores gubernamentales, y, sin embargo, se insiste en un camino determinado por convicciones autoritarias fuera de época y un cálculo político sectario.
El nuevo rumbo debería estar orientado al crecimiento económico sostenido, con baja inflación, diversificación productiva y protección del medio ambiente. Estas condiciones económicas aumentarían la efectividad de una política social y de generación de empleos, centrada en la inclusión de sectores sociales hasta ahora excluidos de la economía productiva. Al igual que las economías más exitosas del mundo, desde India y Brasil hasta China y Perú, se debe buscar un mejor funcionamiento de los mercados, el respeto a los derechos de propiedad, el acceso a la educación de calidad y la necesaria participación del Estado con instituciones reguladoras, estabilizadoras y de seguridad social.
Dado el carácter petrolero de la economía venezolana es muy importante establecer reglas fiscales efectivas para proteger el ritmo de actividad económica de la volatilidad de los precios del petróleo, tanto al alza como a la baja. Iniciar cambios en la estructura productiva, que nos alejen de la especialización extrema en petróleo a la que se nos ha conducido, requiere de política industrial, agrícola, minera, tecnológica en un ambiente de baja inflación. Debemos aprender de los errores del pasado. La idea que la disponibilidad de crédito de entes financieros estatales con tasas de interés preferenciales fomenta nuevas iniciativas productivas, a pesar de prevalecer un ambiente de serias distorsiones económicas, constituye un errado sesgo en el uso de los recursos petroleros, que más bien estimula actividades especulativas y fraudes a la Nación. De ahí la importancia de bajar la inflación y alcanzar un régimen de tipo de cambio único estable, con libre convertibilidad, tal como existe en la absoluta mayoría de las economías emergentes del mundo.
En el caso venezolano se trata de aglutinar la base petrolera nacional con un plan de diversificación de la estructura económica de mediano y largo plazo, y auspiciar el incremento de la productividad laboral en las empresas públicas y privada. Es una tarea difícil y compleja pero no imposible. En pocos años los resultados positivos de un plan bien ejecutado pueden hacer sentir los extensos beneficios de la rectificación de fondo y ser la base de un gran despegue económico de largo plazo para el país.
En el amplio esfuerzo del cambio de rumbo que se debe iniciar en el presente es indispensable avocarse a la recuperación de una verdadera institucionalidad democrática, con poderes públicos genuinamente en función del interés nacional. Este esfuerzo debe ser acompañado de un franco debate público de ideas sobre cómo se puede rectificar en materia económica, petrolera y social. Ello permitiría lograr definiciones sobre las características centrales de un nuevo rumbo orientado hacia el desarrollo económico con bienestar y equidad social, las cuales serán fundamentales para cuando los venezolanos decidan en los procesos electorales correspondientes que ya basta de insistir en un esquema ideológico comprobadamente ruinoso que ha exacerbado lo peor del rentismo petrolero. De asumir esta responsabilidad depende el futuro de Venezuela.
Caracas, 2 de marzo 2010
Suscrito por 18 economistas:
HUMBERTO GARCIA LARRALDE
ORLANDO OCHOA
JOSE GUERRA
LUIS CARLOS PALACIOS
HECTOR MALAVE MATA
HECTOR SILVA MICHELENA
TEODORO PETKOFF
SARY LEVY
PEDRO PALMA
FRANCISCO FARACO
JOSE MANUEL PUENTE
GUSTAVO ROJAS
RONALD BALZA
CARLOS RAFAEL SILVA
LUIS BELTRÁN PETROSSINI
ISAAC MENCIA
JESUS CASIQUE
ALCIDES VILLALBA
Siguiendo con los artículos relacionados con la situación económica de Venezuela y el actual crecimiento del endeudamiento público, encontré este interesante reporte del diario El Pais de España donde se explica de forma bien detallada y con distintos análisis la comprometida situación fiscal del país y la alta incidencia que ha tenido la actual gestión de gobierno en el mismo. Como se puede observar en el gráfico de la derecha, la deuda pública interna al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 83.047 millones de bolivares (nominales), lo cual representa un aumento de más de 1000%. Por otro lado la deuda externa casí se duplicó en la última década pasando desde 21.727 a 36.847 millones de $. Y lo peor de todo esto es que por las últimas declaraciones de los represantes del gobierno y la ley de endeudamiento aprobada por la Asamblea Nacional para el año 2011 no parece haber un cambio en la tendencia de endeudamiento.
